La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de vetar la publicación de los nombramientos de los presos Jordi Turull y Josep Rull y de los fugados Toni Comín y Lluís Puig como consejeros.
En su recurso, los servicios jurídicos de la Generalitat defienden que se vulnera la facultad de Quim Torra como presidente de la Generalitat a nombrar su Gobierno y señalan que el control de la legalidad tiene que ser posterior al nombramiento.
Reclaman medidas cautelarísimas, lo que obliga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a pronunciarse en 48 horas.
La Generalitat alega la «concurrencia de circunstancias de especial urgencia» para que el TSJ levante el veto del Gobierno español y ordene la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Y que lo haga sin esperar a los argumentos de la Abogacía del Estado.
El recurso señala que «se está impidiendo, sin amparo legal, que el presidente de la Generalitat pueda ejercer su facultad de nombrar los consejeros que tienen que formar su Gobierno».
Pero añade que la decisión de no publicar el nombramiento de los consejeros presos y huidos va más allá y «está perjudicando los intereses generales de todos los ciudadanos de Cataluña, que ven como la Administración del Estado, sin amparo legal, impide la formación del Gobierno de la Generalitat».
