El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha rechazado la posibilidad de que el gobierno español, gracias al control directo de la Generalitat que ejerce desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, destituya al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, quien se encuentra imputado en el caso del 3%.
En respuesta a Ciudadanos, ha argumentado que la intervención a través del 155 es transitoria y excepcional, y que la continuidad de Cambra al frente de la Autoridad Portuaria dependerá de la decisión del futuro gobierno catalán.
Cambra, una figura cercana a Convergència y amigo íntimo del ex-presidente Artur Mas, anunció el pasado mes de diciembre que renunciaría como presidente del Puerto de Barcelona cuando se formara un nuevo gobierno de la Generalitat. Negó, eso sí, las presuntas irregularidades en dos adjudicaciones de obras en el puerto por las que se lo investiga.
El portavoz parlamentario de Cs, Juan Carlos Girauta, ha reclamado al gobierno español que eche a Cambra, al que ha considerado miembro «del gran entramado putrefacto, corrompido y delincuencial de Convergència».
