Desde el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de Alemania han llegado en las últimas horas nuevas peticiones de información complementaria sobre los hechos del 1-O. Se trata de una iniciativa clave, porque de su resultado depende que el expresidente Carles Puigdemont sea entregado a España. Y también depende de esto la determinación de los presuntos delitos por los cuales podría ser juzgado.
La última petición formulada por los jueces alemanes, según comunicación verbal trasladada a la representación de Eurojust a la Haya, se refiere a las divergencias entre el Supremo y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la comisión o no de un delito de malversación por parte de Puigdemont y los ex consejeros, que también están imputados por esta figura delictiva, aparte de la de rebelión.
La Fiscalía alemana ha pedido ser informada de la naturaleza y eventuales consecuencias jurídicas del choque entre el poder judicial y el poder ejecutivo, para poder trasladar sus conclusiones a los jueces que tienen que decidir sobre la entrega de Puigdemont.
La importancia de la información solicitada, por lo tanto, se deriva que sus destinatarios son los jueces que ya resolvieron sobre las medidas cautelares impuestas al expresidente. Y lo hicieron acordando su libertad provisional a la vez que negaban la existencia del delito de rebelión y ponían en entredicho el de malversación .
La Fiscalía alemana hace esta solicitud por expreso deseo del Tribunal de Schleswig-Holstein, muy interesado en conocer el alcance de las discrepancias surgidas entre el juez encargado del caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, y el titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro.
