La Guardia Civil descarta que grandes empresarios afines al independentismo pagaran los gastos del proceso y apuntan, junto con el juez instructor Pablo Llarena, que se destinaron fondos públicos para financiarlo, además del dinero recaudado mediante crowdfunding (micromecenazgo), publica El País.
En concreto, este diario se basa en la afirmación de un alto cargo de la Guardia Civil que, eso sí, señala que fueron pequeños y medianos empresarios quienes contribuyeron. «Sólo podremos actuar contra ellos si a cambio de sus aportaciones se beneficiaron de concesiones públicas», añade en una de las declaraciones reveladas por El País en cuanto al delito de soborno.
Según el testimonio de dos altos cargos del Departamento de Economía a Eldiario.es, los investigadores del caso no podrán sostener el delito de malversación porque no se llegó a pagar ni un solo euro.
La Guardia Civil considera acreditado que se destinaron 1,9 millones de euros de las arcas públicas a la organización del referéndum del 1-O. El resto del dinero que calcula que costó, hasta un total de 3,5 millones, la Benemèrita apunta que procede de aportaciones de la ANC y Òmnium Cultural.
Una fuente que El País ubica en el estado mayor del proceso, por el contrario, cifra el coste total del 1-O en menos de 200.000 euros y afirma que los pagos se realizaron fuera de España por parte de particulares residentes en el extranjero favorables a la causa independentista.
