La Generalitat de Cataluña, controlada por el gobierno español a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que condene al ex-presidente Artur Mas, la ex-vicepresidenta Joana Ortega y los ex-consejeros Francesc Homs e Irene Rigau al pago de 5,2 millones de euros por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Argumenta que la administración catalana ha sufrido un perjuicio derivado del uso de fondos públicos.
El domicilio de Artur Mas fue embargado provisionalmente como garantía para cubrir los 2,4 millones de euros que le restaban para totalizar la fianza de 5,2 millones reclamada por la organización del 9N. La demanda presentada en el Tribunal de Cuentas también se dirige contra cinco ex-altos cargos, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo, Lluís Bertran, Josefina Valls e Ignasi Genovès.
Se trata de la primera vez que la Generalitat no se alinea a favor de estos antiguos miembros del gobierno catalán en este procedimiento. De hecho, había asegurado que el 9N no había causado ningún perjuicio al erario público.
