La Audiencia de Barcelona juzga una de las polémicas que hace años que se arrastran en el Bages, las obras presuntamente ilegales a las minas de potassa de Iberpotash ahora hace seis años. La Fiscalía pide penas de casi tres años para los técnicos del ayuntamiento de Súria que autorizaron las obras, y la CUP , que hace de acusación popular, pide hasta siete años para quien era alcalde y algunos concejales.
Todo arranca el 2011, cuando Iberpotash presenta la documentación para hacer una de las rampas mineras más largas y profundas de Europa. Para poder hacer las obras, necesita construir también una pista de acceso por terreno forestal.
Según la Fiscalía, el arquitecto municipal y dos secretarios de Súria concedieron la licencia de obras a sabiendas de que incumplía la normativa. Los acusan de prevaricación urbanística.
El fiscal cree que el gobierno municipal no sabía los detalles técnicos del proyecto y por eso no les acusa, pero la CUP no se lo cree. El fiscal ha sentado al banquillo de los acusados alcalde y regidores de Convergència y Esquerra. Para uno de ellos, que tiene terrenos alquilados a la empresa, pide siete años de prisión.
