El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que dirige la investigación sobre el referéndum ilegal del 1-O, ha ordenado un registro en el Palacio de la Generalitat en busca de documentos sobre los gastos relacionados con aquella votación.
En concreto, agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves por la mañana en el despacho -también en el domicilio- del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, que ha sido detenido.
También se registra la sede de Òmnium Cultural durante la misma operación. Esta se enmarca en la instrucción que tiene su origen en las declaraciones del ex-senador de ERC Santiago Vidal, quien había explicado en varias conferencias que el gobierno de la Generalitat disponía de datos fiscales de los catalanes obtenidos de manera ilegal y de 400 millones de euros para crear estructuras de Estado. Después ha dicho que había exagerado.
En total, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona tenía previsto tres actuaciones entre entradas y registros, según fuentes jurídicas. En el punto de mira del juez Ramírez Sunyer está la obtención de pruebas que demuestren que el gobierno catalán que presidía Carles Puigdemont destinó dinero público al 1-O.