Apenas estamos en los primeros compases de un escándalo que puede acabar adquiriendo, en las próximas semanas y meses, dimensiones colosales: la existencia dentro de los Mossos d’Esquadra de una policía política dedicada, como en los regímenes totalitarios, a seguir y perseguir los disidentes que no comulgan con el gobierno nacionalista de la Generalitat.
Las 30 cajas con documentación «sensible«, confiscadas por la Policía Nacional a las puertas de la incineradora Tersa de Sant Adrià de Besòs, son una mina de la cual salen numerosas pistas que todavía hay que explorar y concretar. La jueza Carmen Lamela, que instruye en la Audiencia Nacional la causa del 1-O relacionada con la actuación de los Mossos d’Esquadra el día del referéndum, dispone ya de los primeros informes de la Brigada Provincial de Información (BPI) de la Policía Nacional sobre el contenido de estas 30 cajas.
Por el que ha trascendido hasta ahora, las víctimas de este espionaje político, realizado fundamentalmente desde la comisaría general de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra, alcanzan un amplio abanico profesional e ideológico:
• Hay, como mínimo, siete periodistas de diferentes medios
• Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, como el ex-inspector Antonio Giménez Raso y los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Eugenio Pino (ex-DAO)
• Dirigentes sindicales de los Mossos d’Esquadra
• Los detectives Francisco Marco, Antonio Tamarit y Julián Peribáñez
• Políticos del PP (Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández Díaz, Alícia Sánchez-Camacho, Jorge Moragas…), del PSC (José Zaragoza), de Ciutadans (Albert Rivera, David Heredia…), del PDECat (Ramon Tremosa), de la CUP y de Arran
• El ex-director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso
• Miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC), como su ex-presidente, Josep Ramon Bosch
• El abogado José María Fuster Fabra
• Vicky Álvarez, ex-pareja de Jordi Pujol Ferrusola
Cuando se levante el secreto del sumario que instruye la magistrada Carmen Lamela y se puedan consultar los documentos confiscados a los Mossos se podrá tener una radiografía más precisa de la composición y de la tarea realizada por esta policía patriótica. De momento, seis de las víctimas de estos espionajes ilegales, representadas por el abogado José María Fuster Fabra, han presentado una querella criminal contra la cúpula de los Mossos, que ha empezado a investigar el juzgado n. 19 de Barcelona.
Por su parte, el PSC ha reclamado la creación urgente de una comisión de investigación en el Parlament. El primer secretario, Miquel Iceta, ha asegurado que los Mossos d’Esquadra habían alquilado un piso delante de la antigua sede del partido en la calle Nicaragua para controlar los movimientos de los socialistas.
PISOS FRANCOS
Según todos los indicios, estas investigaciones y seguimientos se hacían desde la CGINF, unidad dirigida por el comisario Manel Castellví, que el pasado mes de octubre pidió su jubilación anticipada del cuerpo. El responsable operativo de esta policía política, que tiene el cuartel general en el Complejo Central Egara, sería el número 2 de la CGINF, Miquel Justo.
Pero hay sospechas de que, además de los efectivos adscritos a esta comisaría, hay también un grupo de operaciones especiales de los Mossos que funciona bajo la cobertura de la Unidad Central de Recursos Operativos (Ucro). Este grupo dispone de pisos francos para realizar interrogatorios extrajudiciales, actúa con DNI falsos y ha formado a civiles en tácticas de guerrilla (véase la edición n. 1284). Dos agentes de esta unidad participaron en la célula de espionaje que se creó en el Cesicat para interceptar las comunicaciones de personas relacionadas con el movimiento okupa y grupos antisistema.
EL DOBLE CONSEJERO
La policía política de los Mossos d’Esquadra, en esta última etapa, se organizó durante el mandato de Felip Puig como consejero de Interior (2010- 2012). Posteriormente, como responsable de la consejería de empresa (2012-16), Felip Puig amplió el radio de actuación de esta trama de espionaje haciendo seguimientos a través de internet. Por eso se utilizó el Cesicat, organismo que depende de este departamento. En paralelo a esta policía política, Germà Gordó, a través de Xavier Martorell, también creó desde Presidencia el embrión de un servicio de inteligencia con la contratación de la agencia Método 3, que, entre otros encargos, investigó Felip Puig.
