El Gobierno está estudiando como se financia la estancia de Puigdemont en Bruselas, con la mirada puesta a cualquier destino de dinero público a este fin. El ejecutivo de Rajoy ha insistido este viernes que no se puede destinar «ni un euro» del erario público a sufragar los gastos del Consejo de la República o del Espacio Libre de Bruselas para pilotar el proceso desde la capital europea.
El gobierno español se muestra prudente y dice que tiene que ser el juez Llarena el que diga si permite que Jordi Sànchez pueda salir de la prisión para ser investido presidente de la Generalitat.
No obstante, según Moncloa, la lógica y el sentido común dicen que es un candidato poco viable y poco realista.
Sobre el papel que pueda jugar Puigdemont desde Bruselas, el gobierno de Rajoy dice que no tiene ningún recorrido ni ningún tipo de efectividad.
Moncloa no hará ningún paso, de momento, para evitar que Jordi Sànchez sea presidente de la Generalitat. El mensaje que envía este viernes es que la decisión está en manos sólo del juez.
Pero ya avanzan que, a parecer suyo, tiene que asumir este cargo alguien que no tenga causas judiciales abiertas. El ministro Rafael Catalá insiste que tiene que ser alguien que pueda ejercer el 100% en sus funciones.
Por otro lado, y preguntados por las estructuras de gobierno que quiere impulsar Carles Puigdemont desde Bruselas, Moncloa ya avisa que no tienen viabilidad.
El portavoz Méndez de Vigo dice que por mucho que quiera, Puigdemont no tendrá capacidad para hacer nada.
