Todo apunta que la resolución pactada entre las tres fuerza independentistas en el Parlamento de Cataluña, JxCat, ERC y la CUP, hablará de la «ilegalidad e ilegitimidad» de la destitución del 130º presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Lo que también parece que el pacto al que han llegado las tres fuerzas independentistas es que se pasará de puntillas y no se ratificará la declaración unilateral de independencia (DUI) que se presentó en el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre.
Después de las negociaciones, la CUP habría aceptado echar agua al vino en sus propuestas de cara al texto presentando en un inicio por JxCat para restituir la figura de Puigdemont, un texto al cual ERC se añadió posteriormente, y según ha trascendido, siendo el grupo independentista con menos interés con un enfrentamiento directo con el Estado.
Según avanza el Ara, en los acuerdos a los cuales habrían llegado los tres grupos parlamentarios sería en la estructura que puede acabar teniendo el entorno político de Carles Puigdemont en Bélgica. La estructura llevaría el nombre de espacio libre de la república y estaría formada por tres órganos, según ha trascendido de un documento de la CUP dirigido a las bases para ser debatido y aprobado en la reunión del consejo político del próximo sábado, y que serían el consejo de la república, el presidente del consejo de la república y la asamblea de representantes de la república.
El consejo, el equivalente en un gobierno, lo formarían tres representantes de JxCat, tres de ERC y uno de la CUP. El presidente, que es quien lo dirigiría y escogería a sus miembros, sería Carles Puigdemont. La asamblea de representantes, que haría el papel de un parlamento, la compondrían diputados y representantes del mundo local y la sociedad civil y tendría entre sus funciones la elección del presidente.
Mientras esta estructura tendría la tarea de «estructura republicana en el exilio» con el objetivo de «implementar e internacionalizar» la república, en la plaza de Sant Jaume habría el Gobierno de la Generalitat, que el texto recoge por escrito que tendrá a Jordi Sànchez como candidato a la investidura, y actuaría con «legalidad autonómica y obediencia republicana».
El documento cupero marca un calendario que contempla que el próximo lunes se llevaría a cabo un acto de constitución de todos los «órganos republicanos» en Bruselas, y uno o dos días después se celebraría el pleno de investidura en Barcelona.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya ha dicho que ha iniciado el estudio de las «posibles implicaciones penales» derivadas de la decisión adoptada por Mesa del Parlament para admitir a trámite las enmiendas de la CUP y se refiere a la «ilegalidad manifiesta» de la iniciativa.
También el gobierno central ha ordenado a los servicios jurídicos del Estado que analicen «las responsabilidades en las cuales pudieran incurrir los miembros de Mesa del Parlamento» por la admisión de las enmiendas, que a su juicio son «ilegales y contrarios a la Constitución y al Estatuto».
