El coordinador del despliegue policial contra el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, describe como una «estafa» el despliegue de los Mossos d’Esquadra durante aquella jornada. En su declaración como testigo, revelada por La Vanguardia, este coronel de la Guardia Civil también explicó al magistrado Pablo Llarena, el instructor de la causa por presunta rebelión, que los Mossos, para facilitar el referéndum, pretendían «aparentar ante la autoridad judicial» un cumplimiento pero «lo que realmente hicieron fue esperar a que terminara la jornada, permitir el escrutinio, y después de que su actuación no afectara, y de mutuo acuerdo, se llevaban la urna y las papeletas y lo contabilizaban como colegio cerrado y una recogida».
En cuanto al mayor Josep Lluís Trapero, lo señaló como un responsable «absolutamente alineado» con la posición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el consejero de Interior, Joaquim Forn, y el director de los Mossos, Pere Soler. Asimismo, acusó a los Mossos de haber alertado a los responsables de las meses la víspera del 1-O de que una patrulla pasaría a las 6 de la mañana para comprobar si el punto de votación estaba abierto y evitar actuar ante la presencia de concentraciones de personas.
Por otro lado, según la misma información, Pérez de los Cobos puntualizó que el 1-O no hubo cargas policiales, sino «actuaciones policiales para cumplir el mandato judicial».
Crítica de Amnistía Internacional
El informe anual de Amnistía Internacional, eso sí, considera que aquel día, «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación judicial», y recuerda que una persona perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por uno de los agentes del dispositivo. También pide la excarcelación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y expresa que el gobierno catalán celebró un referéndum «desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional».
