El Supremo anula la privatización de la ATLL ejecutada por Artur Mas

La sentencia provoca un gran agujero en las finanzas de la Generalitat
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El ex-presidente Artur Mas está en la diana. Este miércoles 21 de febrero ha sido su «dia horribilis». En una entrevista matinal con Jordi Basté en RAC1 ha admitido que el referéndum del pasado 1-O fue un «engaño» a la sociedad catalana. Y, horas después, el Tribunal Supremo hacía pública la sentencia por la cual ha anulado la privatización de la empresa pública Aguas Ter Llobregat (ATLL), adjudicada a finales del 2012, cuando él era presidente de la Generalitat, a una empresa participada, entre otros, por el grupo madrileño Acciona y por una sociedad del presidente del diario Ara, Ferran Rodés.

La privatización de la ATLL –la más importante hecha nunca por la Generalitat- se realizó por un periodo de 50 años y al aprobarse reportó unos ingresos contables de 995,5 millones que el entonces consejero Andreu Mas-Colell usó para reducir el insostenible déficit de las finanzas catalanas. Pero la sospecha que esta adjudicación había estado rodeada de irregularidades se confirmó a continuación, cuando el 2 de enero del 2013 la oficina encargada de velar por la adecuación a las normas comunitarias de los contratos públicos de la Generalitat (OARCC) dictaminó que la empresa ganadora del concurso había falseado su oferta y, por lo tanto, tenía que quedar excluida automáticamente.

Esta decisión de la OARCC marcó el inicio de una larguísima serie de pleitos judiciales. El año 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya sentenció que la adjudicación hecha a la empresa liderada por Acciona era nula por las deficiencias detectadas en la convocatoria del concurso. En su resolución de este miércoles, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJC y, por lo tanto, la ATLL vuelve a manos de la Generalitat.

Pero el conflicto está lejos de acabarse. A buen seguro, Acciona exigirá ser resarcida por esta anulación del concurso y, además, reclamará daños y perjuicios a la Generalitat. A efectos prácticos, esta sentencia provocará, de entrada, un agujero en las cuentas públicas de la administración catalana de unos 400 millones de euros, que puede ser mucho mayor en el futuro.

El efecto de la polémica privatización se ha notado en los bolsillos de los consumidores del área metropolitana de Barcelona, receptores de la ATLL, que en los últimos cinco años han visto cómo el recibo del agua ha subido muy por encima del IPC, en aplicación de las draconianas cláusulas del contrato subscrito en 2012 entre la Generalitat y la empresa adjudicataria. El accionariado de esta empresa sufrió un fuerte batacazo en 2015, cuando el presidente del banco brasileño BTG Pactual, que era el socio financiero de Acciona, fue detenido por corrupción y se vio obligado a desprenderse de su participación en la ATLL.

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