Este es uno de los misterios mejor guardados de la historia reciente de Cataluña. El núcleo duro de la organización del referéndum del 1-O había estudiado varias fórmulas para conseguir las urnas. Una de ellas, no la única que se consideró, era la adquisición de unos recipientes de plástico para las votaciones, idénticos a los que se habían usado en el referéndum del Kurdistán iraquí, que habían sido comprados a una empresa de China.
Según explican los periodistas Laia Vicens y Xavier Tedó, autores del libro Operación Urnas, un veterano independentista, que identifican con el alias de «Lluís», fue el responsable máximo de toda la organización y puso de su bolsillo los 100.000 euros que costó la compra de las 10.000 urnas de plástico que se usaron el 1-O a la empresa china Smart Dragon Ballot Expert. El pago internacional, según precisa «Lluís» a los autores del libro, se hizo a través de la cobertura de una sociedad francesa y las urnas llegaron, a finales de julio, a Marsella, procedentes del puerto chino de Guangzhou.
El CNI y las fuerzas policiales españolas se esforzaron buscando las urnas catalanas por medio mundo, creyendo que estarían fabricadas con metacrilato. Por eso no pudieron detectar el cargamento de botes de plástico desembarcado en Marsella y, posteriormente, escondido en un almacén del Rosellón, controlado por un independentista de la Cataluña Norte. Desde aquí, según explica el libro, las urnas fueron trasladas a ocho almacenes ubicados en varias partes del territorio catalán y repartidas el 1-O en más de 2.000 colegios electorales. El ridículo de los servicios españoles de inteligencia, incapaces de encontrar las urnas para impedir el referéndum, fue histórico.
Pero «Lluís», el cerebro del operativo, no explica toda la verdad a los autores de Operación Urnas. Los 100.000 euros que se pagaron a la empresa china no los puso de su bolsillo: según ha trascendido en círculos nacionalistas muy bien informados, el dinero lo aportó en mano, para no dejar ningún rastro, un importante empresario catalán del sector de la distribución que dispone de mucho cash. No lo hizo sólo por amor a la patria. Este donativo iba acompañado, como contrapartida, de la exigencia de una recalificación urbanística y de una licencia municipal para la expansión de su grupo empresarial por parte de un Ayuntamiento gobernado por el PDECat. Pasado el 1-O, esta condición ya se ha empezado a mover administrativamente.
