La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga la posible comisión de un delito de sedición en el marco del proceso y tiene imputado al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, está tirando del hilo de seguimientos e investigaciones de la policía catalana que podrían tener una motivación política.
Según revela La Vanguardia este miércoles, la sospecha tiene su origen en los documentos que intervino la Policía Nacional en una incineradora de Sant Adrià de Besòs el pasado 26 de octubre, cuando los Mossos se disponían a destruirlos. La mayoría de estos, añade la misma información, corresponden al periodo 2011-2017, si bien lo hay de 1998, además de discos duros parcialmente destruidos.
A partir de la documentación recuperada se han elaborado atestados que, según La Vanguardia, señalan la existencia de numerosos informes sobre «personas o asociaciones» opuestas al proceso independentista. De hecho, especifica que hay un volumen en particular dedicado a «actividades o seguimiento de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político», cuyo denominador común serían personas, entidades o actividades con un posicionamiento contrario al independentismo, que en algunos casos reciben las etiquetas de «españolistas» y «constitucionalistas».
Por otro lado, esta información revela que, según el análisis policial, la Comisaría General de Información de los Mossos fue clave en el desarrollo del 1-O y apunta que actas correspondientes a aquella jornada fueron alteradas para hacer ver que intentaron impedir la votación. También explica que, según la Guardia Civil, el censo del 1-O se encontraba en el departamento de Trabajo.
