El juez que instruye en el Tribunal Supremo la causa por presunta rebelión que afecta a dirigentes políticos del proceso independentista, Pablo Llarena, no ha decretado ninguna medida cautelar contra Marta Pascal, la coordinadora general del PDECat y ex-diputada de Junts pel Sí.
Cómo se preveía, no le ha impuesto ninguna medida privativa de libertad después de que también quedara libre, aunque condicionada al pago de una fianza de 60.000 euros, Marta Rovira, número dos de ERC y exportavoz de Junts pel Sí.
Fuentes presentes en el interrogatorio explicaron que Pascal, como Rovira, ha dicho que la declaración de independencia del 27 de octubre era un acto político sin efectos jurídicos. También indican que la dirigente del PDECat ha manifestado que abogó por la legalidad y se mostró contraria a la DUI.
Pascal es una de las figuras políticas que los investigadores del caso consideran integrante del comité estratégico encargado de la ruptura unilateral de Cataluña con España, a partir de la información obtenida de los registros al ex-secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové. Particularmente, del documento EnfoCATs y las anotaciones sobre reuniones halladas en una liberta Moleskine.
Pascal, como Rovira y las otras figuras políticas que declaran estos días (Mireia Boya, Anna Gabriel, el ex-presidente Artur Mas y Neus Lloveras), tuvieron para la Fiscalía un rol secundario en relación a otros investigados, como los consejeros del último gobierno catalán. Siete de los ellos fueron excarcelados, mientras que el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y el ex-consejero de Interior, Joaquim Forn, permanecen en la cárcel de Estremera.
