Rovira, más señalada por la Guardia Civil

Un nuevo informe indica que Elsa Artadi seguía órdenes de Josep Maria Jové para organizar el 1-O
marta rovira erc
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Cuando la diputada y número dos de ERC, Marta Rovira, comparezca en el Tribunal Supremo el próximo día 19 como investigada por rebelión se encontrará más señalada de lo que había trascendido el día que se conoció su citación. Según revela El Confidencial, nuevos informes que la Guardia Civil ha remitido al juez Pablo Llarena refuerzan la consideración de la dirigente republicana como líder de la estrategia independentista, a la vez que señalan a Elsa Artadi, coordinadora interdepartamental y ahora miembro del núcleo duro de Junts  per Catalunya.

Estos informes describen al número dos del departamento de Economía, Josep Maria Jové, como un cerebro logístico del 1-O que actuaba a las órdenes de Rovira y el entonces vicepresidente económico, Oriol Junqueras, actualmente en prisión preventiva. Citando el contenido del informe, El Confidencial también especifica que Rovira se involucró en la gestión directa del 1-O hasta el punto de haberse implicado en la localización y gestión de los puntos de votación. Asimismo, los investigadores le atribuyen un rol clave en las reuniones del proceso.

En cuanto a Elsa  Artadi, según los detalles del informe de la Guardia Civil publicados por Vozpópuli, actuaba siguiendo órdenes de Jové. Se destaca, por ejemplo, una comunicación en la que Artadi pregunta a Jové cuando se tiene que publicar el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O, puesto que el entonces consejero de la Presidencia, Jordi Turull, le había dicho que Jové tenía que supervisar el establecimiento de la fecha.

El mismo informa, indica esta información, destaca que aquella noche se enviaron cartas desde la Generalitat con que se informaba los ayuntamientos catalanes de la convocatoria del 1-O. Artadi es una de las 32 personas consideradas «de interés» para los investigadores de este caso, si bien no tiene la condición de investigada (imputada).

L Guardia Civil, por otro lado, atribuye a los responsables de los planes de desconexión tácticas «propias de la delincuencia organizada», una descripción que el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, no comparte de momento. Considera que es demasiado temprano para afirmarlo, dado que el caso se encuentra en fase de instrucción.

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