La corte de Carles Puigdemont en Bélgica se ve obligada a hacer los pagos para subsistir con dinero en efectivo, presumiblemente de origen no declarado (negro). La situación alegal del presidente destituido de la Generalitat y de sus cuatro ex-consejeros, que ya hace más de 90 días que viven en este país sin que tengan regularizada su residencia –como sería su obligación-, les impide abrir cuentas en los bancos belgas, a través de los cuales ingresar y sacar dinero.
Además, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la actividad de la delegación de la Generalitat en Bruselas está intervenida y es imposible que desde esta embajada se puedan sufragar los gastos de la corte del presidente destituido. Jami Matamala, el empresario gerundense amigo de Carles Puigdemont, no es un potentado y, más allá de los primeros días, es impensable que pueda asumir de su bolsillo el gran gasto que comporta la manutención de estas cinco personas (alojamiento, alimentación, gastos de infraestructuras logísticas…) y del mosso de esquadra que se encarga de la seguridad personal del presidente destituido.
Mantener la corte de Bélgica con dinero en efectivo no es fácil. El columnista Salvador Sostres, muy amigo de David Madí, explicaba el pasado jueves en el diario ABC que hay empresarios afines a la causa independentista que han hecho llegar contribuciones en efectivo a Bruselas, pero siempre respetando el límite de 10.000 euros que establece la normativa europea para no incurrir en delito fiscal. Según este articulista, el alcalde de Valls y diputado de Junts x Catalunya, Albert Batet, habría destacado haciendo llegar dos aportaciones con 90.000 euros en «negro».
Este tráfico de dinero en efectivo es muy peligroso y puede complicar la estancia de Carles Puigdemont y de su corte en Bélgica, puesto que el control fiscal de las autoridades del país es muy estricto. Por ejemplo, Jami Matamala pagó «cash» a la agencia inmobiliaria el contrato de alquiler de la residencia de Waterloo -8.800 euros- y éste es un gesto que levanta las lógicas sospechas de la Hacienda de Valonia, región a la cual pertenece Waterloo. Habrá que ver cómo se lo hace el empresario gerundense para pagar los 4.400 euros mensuales que cuesta el alquiler de esta mansión sin caer en el delito de blanqueo.
