La investigación judicial sobre la organización del referéndum del 1-O ha detectado un desvío de más de 3 millones de euros en los documentos interceptados por la Policía Nacional que agentes de los Mossos d’Esquadra pretendían destruir el pasado 26 de octubre en una incineradora de Sant Adrià de Besòs.
Según revela El País, los investigadores apuntan que el importe procede del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que sería dinero público dedicado a una finalidad ilícita. La misma información especifica que no se trata del dinero que recibió como subvención Òmnium Cultural, que se encuentra bajo la lupa de la Guardia Civil.
Los apuntes contables incluidos en los documentos interceptados, añade esta información, señalan una cifra que los investigadores relacionan con una discrepancia contable de 3 millones ya detectada por Hacienda cuando estudió las cuentas de la Generalitat. Según El País, el sustituto de Juan Antonio Ramírez Suñer, el instructor de la causa que se acaba de reincorporar después de una baja médica, comunicó a la Abogacía del Estado que podía intervenir como perjudicada en este caso. El desvío de los tres millones puede comportar otro delito de malversación.
