Desde la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica por los 72 diputados independentistas del Parlamento, los pasados días 6 y 7 de septiembre, y, en especial, después del referéndum del 1-O, se ha desatado en Cataluña una estampida de empresas que, de ninguna forma, pueden ni quieren quedarse fuera del amparo de la zona euro ni del marco comunitario. Entre otras consecuencias, esta fuga masiva, que ya supera los 2.400 cambios de domicilio social, ha dejado prácticamente desmantelada la hasta ahora pujante plaza financiera de Barcelona.
No es sólo la deslocalización de Caixabank y de las empresas del grupo La Caixa; también el Banco Sabadell ha movido su sede social a Alicante y muchas firmas del sector financiero (el banco Mediolanum, GVC Gaesco, Arquia Banca, EDM, Gesiuris, Trea Asset Management…) y de seguros (Axa, Allianz, Zurich, Catalana Occidente…) se han marchado de Cataluña. «Una hecatombe sin precedentes», valora un experto del mundo financiero consultado por EL TRIANGLE. Y lo más preocupante: esta fuga no es transitoria, tal como aventuró el ex-vicepresidente y ex-consejero de Economía, Oriol Junqueras. «Los que se han marchado ya no volverán, el mal que se ha hecho es irreparable», afirma este profundo conocedor y analista de la vida económica catalana.
Cómo pasa a la naturaleza, cuando se produce un nicho biológico hay otras especies que intentan ocuparlo para quedarse. Eso también pasa en el sector financiero, que por definición es un mar infestado de tiburones. La salida de Caixabank y Banco Sabadell, dos entidades centenarias fundadas en Cataluña y que han experimentado un enorme crecimiento durante las últimas décadas, ha ido acompañada de una campaña de descrédito contra ellas organizada desde el campo independentista. El pasado 20 de octubre, la plataforma Crida per la Democràcia, formada por l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, promovió una retirada de dinero de los principales bancos españoles y, de manera específica, de las dos entidades financieras catalanas como castigo por su decisión de deslocalitzar la sede social.
Esta campaña de boicot -que, a la hora de la verdad, tuvo un impacto muy reducido- resultó especialmente hiriente para el banco presidido por Jordi Gual, que en los últimos años ha colaborado y ayudado económicamente a Òmnium Cultural.
La campaña contra Caixabank y Banco Sabadell ha ido acompañada, curiosamente, de la promoción desde las filas independentistas de otra entidad financiera, y se ha animado a los partidarios de la secesión a traspasar las cuentas y depósitos: la Caixa d’Enginyers. Curiosamente, esta entidad emitió un comunicado, el pasado 1 de septiembre, con el que proclamaba públicamente su aversión a la politización de las instituciones financieras -que consideraba una de las causas de la crisis que liquidó las cajas de ahorros- y su voluntad innegociable de mantenerse dentro de la eurozona y la disciplina del Banco Central Europeo. También advertía que tomaría las medidas necesarias para garantizarlo.
Pero lo cierto es que la Caixa d’Enginyers es la única entidad catalana de ahorro que no se ha deslocalizado, aunque tiene nueve oficinas fuera de Cataluña. Fundada hace 50 años por el Colegio de Ingenieros, esta caja tiene estructura cooperativa y está formada por 142.000 socios. Gestiona unos 3.800 millones de euros y el año pasado declaró unos beneficios de 12 millones de euros.
El boca-oreja independentista ha hecho que la Caixa d’Enginyers, pese a las limitaciones operativas que determina su pequeño volumen de negocio, sea la gran beneficiada de los estragos provocados por el proceso en el sector financiero. Además, ha aprovechado descaradamente la coyuntura para lanzar una campaña de publicidad a través de los medios digitales secesionistas.
En este sentido, no deja de ser sintomático que el cheque bancario con el importe de la fianza que ha permitido la salida de la cárcel de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, fuera de la Caixa d’Enginyers. Según se ha dicho, estos 150.000 euros salieron de la caja de resistencia creada por la ANC y Òmnium.
La entidad está presidida desde el año 2011 por el ingeniero Josep Oriol Sala y su director general es Joan Cavallé, un antiguo discípulo del catedrático y banquero Josep Jané Solá, con quien trabajó en Bankpyme . El año 1993, Josep Jané Solá y Joan Cavallé, entre otros directivos, fueron imputados por la jueza Montserrat Comas por esconder una gran bolsa de dinero negro y fraude fiscal de 300 millones de euros en fondos de inversión opacos de Bankpyme.
REPORTAJE PUBLICADO EN LA EDICIÓN NÚM. 1279 DE EL TRIANGLE
