Los directores y los maestros que se han personado este martes para declarar ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la Seu d’Urgell, por presuntos delitos de incitación al odio dentro de las aulas, han negado la veracidad de las acusaciones presentadas por varias madres y padres de las escuelas públicas Albert Vives, Pau Claris y la Salle (concertada) con relación a las supuestas vejaciones e insultos recibidos por algunos alumnos no independentistas -muchos de ellos hijos de guardias civiles- el día siguiente del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Los docentes han contestado las preguntas que se les ha formulado y, a pesar de que no se han pedido medidas cautelares, mantienen la condición de investigados y, por lo tanto, el procedimiento continúa abierto.
El director cesado de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha acompañado a los profesores mientras que el alcalde, Albert Batalla, se ha estimado más viajar hacia Bruselas para apoyar, junto con 200 alcaldes más, al ex-presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. También se ha desplazado a las dependencias judiciales de la capital alturgellenca un fiscal especialista en delitos de odio para estar presente en las declaraciones.
El juez señala en su auto que algún alumno «habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil y ser este hecho conocido por el resto de alumnos y maestros«. También considera que «podría ser» que los docentes «incitaran de manera directa a sus alumnos (de edades muy tempranas y, en consecuencia, modelables, sobre todo para quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos) a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicar la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia «contra el Instituto Armado».
Según publica El Mundo, varias madres del colegio que dirige el también regidor del PDECat, Isidor Alberich, denunciaron en el juzgado que profesores de cuarto de Primaria explicaron el 2 y el 3 de octubre en horario lectivo a niños de unos nueve años que «la Guardia Civil es mala y pega a la gente» y también justificaron la huelga con expresiones cómo «han pegado a la gente que quería votar y han matado a una persona«.
Además, según consta en un informe de la Alta Inspección de Educación en Cataluña, un matrimonio de guardias civiles el hijo de los cuales estudia segundo de Primaria en la escuela Albert Vives explicó que la profesora les dijo en clase que había que hacer la huelga el día 3 de octubre y que «los guardias civiles y los policías son malos, que los únicos buenos son los Mossos y que la Policía pega a la gente«.
El niño le rogó a su madre, con llantos, que no hablara con la profesora ni con la dirección del centro porque tenía miedo de que le pegaran. El mismo menor le manifestó a su madre que la maestra les indicó el 5 de octubre a los alumnos que no dijeran nada a sus padres u otras personas de lo que les había comentado en clase. Así consta textualmente en uno de los requerimientos que el Ministerio de Educación envió a la Generalitat porque «se ha constatado que, desde las aulas y las direcciones de los centros educativos, se permite y fomenta el adoctrinamiento del alumnado menor de edad».
Justamente, la inacción de la consejería de Enseñanza a tres requerimientos del Ministerio para depurar responsabilidades en el conjunto de centros educativos catalanes en los cuales se presentaron acusaciones de este tipo, y que no han tenido respuesta por parte de la Generalitat, abre ahora la vía judicial mediante la presentación de los recursos correspondientes.
