Uno de cada cuatro euros que invierten las empresas españolas se va hacia paraísos fiscales. Lógicamente, este dinero no va a construir carreteras en Suiza o trenes de alta velocidad en Panamá. Se va para esconderse de la fiscalidad española y para multiplicar los beneficios de las empresas implicadas mediante artificios financieros.
Este dato procede de un informe reciente de Oxfam Intermón que destaca que la inversión española en los paraísos fiscales se ha disparado en los últimos tiempos. Entre 2015 y 2016 se multiplicó por cuatro. El informe se titula «El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad» y calcula que los países en desarrollo han perdido 85.000 millones de euros, entre 2008 y 2016, por culpa de la evasión fiscal.
Los directivos de las grandes empresas harán todo lo que esté en sus manos para obtener el máximo rendimiento a sus inversiones. Si hay que empobrecer las arcas de países del Tercer Mundo, se hace y santas pascuas. Lo primero son los intereses de las empresas y sus accionistas. Si buscáis santos y gente desinteresada no lo hagáis en los consejos de administración y entre los cargos de dirección de las grandes corporaciones.
No es de extrañar que las empresas catalanas presentes en el Ibex hayan optado por sacar su sede social de Cataluña cuando han visto peligrar el apoyo del Banco Central Europeo o han temido los posibles efectos de una nueva administración financiera en la República Catalana anunciada por el Parlamento de Cataluña hace unos días. El sistema funciona así. Y si se le quiere hacer frente hay que arremangarse y forzar un cambio de las leyes que ahora permiten el juego sucio e insolidario que impera.
Lo que no se puede hacer es dar la batalla por perdida de entrada. Si lo hacemos de nada servirá tener una Cataluña independiente o federal. O una Europa más cohesionada y equilibrada económicamente y socialmente.
Sería bueno que en esta nueva campaña electoral en la que se adentra Cataluña hubiera espacio para debatir esta vertiente de la soberanía de la ciudadanía. El mismo día que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña también ratificó el convenio de libre comercio entre Europa y Canadá, el CETA, un acuerdo que limita la soberanía europea en determinados ámbitos comerciales y de inversión vitales.
Casi nadie se ha fijado en ello, entretenidos como estamos contando manifestantes con banderas esteladas o monárquicas o atrapados ante el televisor siguiendo los programas especiales sobre Cataluña de La Sexta o TV3.
