El último presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido públicamente ante los medios por primera vez este martes des de que lo destituyó el presidente español, Mariano Rajoy, para presentar las cuatro líneas de actuación de suyas y de los también cesados consejeros de su gobierno, que ha presentado como «el gobierno legítimo de Cataluña». Puigdemont ha negado que se haya desplazado a Bruselas para pedir asilo político. Dice ha ido «para actuar con libertad y seguridad». «No escaparemos de la acción de la justicia», ha asegurado, pero se ha mostrado dispuesto a no volver a Cataluña hasta que no le garanticen un trato justo en los tribunales.
El «gobierno legítimo»
En la rueda de prensa organizada en el Press Club Brussels Europe, con 23 minutos de retraso, ha expuesto en catalán, castellano, inglés y francés el «plan de trabajo» de este «gobierno legítimo» sobre «cuatro ámbitos prioritarios». Por un lado, ha dicho que parte de su gobierno está en Bruselas, capital de la Unión Europea, para explicar el «problema catalán» y denunciar «la politización» y la «falta de imparcialidad» de la justicia española, y «hacer evidente» ante el mundo «el déficit democrático» de España. Por otro lado, ha explicado que otra parte de su gobierno, incluidos el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y el ex-consejero Raül Romeva, sigue haciendo desde Cataluña su trabajo sin abandonar el gobierno.
Las elecciones
La tercera línea, según ha indicado, incluye acciones contra la puesta en práctica del «desmontaje» institucional por la vía del artículo 155 de la Constitución. En este sentido, ha exhortado a los sindicatos, las entidades y los funcionarios en defensa de las instituciones catalanas. En cuarto lugar se ha referido a las elecciones del 21 de diciembre, que ha dicho que conciben «como un reto democrático» y que considera que el gobierno español ha querido convertir en «un plebiscito sobre el 155».
Sobre la cita electoral, ha interpelado al gobierno de Rajoy, pidiéndole una posición oficial sobre si respetará los resultados en caso de de que las fuerzas independentistas obtengan una mayoría de los apoyos. Por su parte, ha asegurado que lucharán «con la máxima creatividad» para impedir los efectos del 155 y «mantener fuerte y vivo el gobierno legítimo de Cataluña».
Prudencia y funcionarios
Puigdemont ha relatado que su gobierno optó el viernes por priorizar la prudencia, la moderación y evitar la violencia como reacción ante «una serie de datos» -ha dicho- referentes a «una ofensiva altamente agresiva sin precedentes» por parte del Estado «contra los funcionarios y el pueblo», que se ha acabado sustanciando en la querella presentada por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.
Asimismo, ha destacado que su gobierno podría haber obligado a sus funcionarios afines a desobedecer al gobierno español y a librar un pulso «por la hegemonía», pero que se ha abstenido de hacerlo para no obligarlos a tomar partido y evitarles problemas. Ha argumentado que si esta decisión retarda «el despliegue de la República», «es un precio razonable».
Al énfasis en la violencia que atribuye al Estado, la denuncia de falta de garantías judiciales y la alusión a su seguridad personal, ha sumado referencias nuevas en su discurso como la «impunidad de la extrema derecha» y la alusión a los hijos y la familia de sus consejeros.
Nuevamente, ha exhortado a las instituciones comunitarias a implicarse aduciendo que el caso catalán «es la causa de los valores» sobre los que éstas se fundamentan. En compañía de Dolors Balsa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Toni Comín y Clara Ponsatí, ha pedido al pueblo de Cataluña «que se prepare para un camino largo».
