El Gobierno catalán prepara una batería de recursos jurídicos para intentar paralizar la aplicación del artículo 155. La primera medida será la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, junto con otro de amparo.
Además, el Gobierno catalán interpondrá dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo que declaren nulo el acuerdo de la Junta de Ministros que dio luz verde al 155.
Y, finalmente, tanto el presidente, Carles Puigdemont, como los otros consejeros de la Generalitat interpondrán individualmente sendos recursos contenciosos-administrativos ante al Supremo. Es decir, 14 recursos más.
En total, 18 recursos. Así lo ha asegurado hoy Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán.
Para abordar el recurso ante el Constitucional, el Gobierno también solicitará un informe preliminar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para fortalecerlo. Después, una vez que Puigdemont reciba el requerimiento del Senado para exponer los motivos, presentará otra medida: un recurso de amparo ante el mismo TC.