La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha fijado comparecencias quincenales para el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, imputado por un delito de sedición. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial, pero la magistrada ha optado por imponerle la misma medida que a su subordinado, la intendente Teresa Laplana, para la cual el ministerio público pedía prisión eludible con fianza de 40.000 euros.
La juez también le ha impuesto retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Además, tienen que facilitar un teléfono en el cual tiene que estar localizable y una persona para recibir las notificaciones. En caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, su situación sería modificada.
Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart están imputados por un delito de sedición relacionado con el llamamiento de la multitud de personas que impidió a una comitiva judicial abandonar las dependencias del departamento de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre. La adopción de medidas cautelares contra todos de ellos se aplazó después de su primera declaración a la Audiencia Nacional porque la magistrada tenía que recibir nueva información de la Guardia Civil.
Según han revelado varios medios los últimos días, el atestado señala Sànchez, Cuixart y los diputados de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardá como instigadores de «movilizaciones encaminadas a impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales». La Guardia Civil atribuye a Trapero «una inacción flagrante» coordinada con Sànchez, Cuixart, el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, que apunta que respondía a «un plan premeditado».
