El gobierno español no se plantea retirar la intervención de las cuentas de la Generalitat aunque el presidente catalán, Carles Puigdemont, renuncie a la decisión de declarar la independencia. Fuentes gubernamentales han afirmado que la Moncloa no prevé dar marcha atrás con las medidas preventivas adoptadas hasta ahora contra el referéndum del 1 de octubre y sus consecuencias. Desde el pasado 18 de septiembre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantiene el control efectivo sobre los pagos comprometidos por la administración catalana.
El gobierno de Mariano Rajoy considera que la única opción que le queda a Carles Puigdemont es la de «volver a la legalidad» y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un «regreso a la legalidad» que no supondría deshacer el camino avanzado en la presión a nivel presupuestario, ni tampoco en el policial ni judicial.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió este viernes a Puigdemont que si declara la independencia hará entrar a Cataluña en «recesión» y que «está poniendo en riesgo la recuperación económica«. La vicepresidenta española asegura que el presidente de la Generalitat puede defender sus argumentos en el Congreso de los Diputados, en el marco de la comisión de modernización del modelo territorial que han pactado el PP y el PSOE y que tiene el apoyo de Podemos.
