CaixaBank y Mutua Madrileña se han negado a dar el dinero para evitar el embargo al cual se tendrá que enfrentar el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, si no hace efectiva la fianza de 5,25 millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas como multa por haber convocado la consulta independentista del 9-N de 2014.
Según fuentes oficiales citadas por El Confidencial, Artur Mas pidió a SegurCaixa Adeslas, la aseguradora participada al 50% por el banco catalán y la compañía madrileña, la ejecución del seguro de responsabilidad civil que la Generalitat tiene subscrito para proteger todos sus funcionarios de posibles riesgos. La pretensión de Mas era que la aseguradora le pagara la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas, al constatar que no contaba con fondos suficientes para hacer frente a la sanción.
SegurCaixa Adeslas le ha negado al expresidente Mas el dinero porque argumentan que la póliza de responsabilidad civil contratada con la Generalitat no incluye entre los riesgos la organización de un proceso consultivo sobre la independencia de Cataluña. Con este argumento, la compañía aseguradora le dice a Mas que no puede hacer uso de este producto financiero de SegurCaixa Adeslas para hacer frente a la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas.
Otras fuentes afirman que Artur Mas también ha intentado que CaixaBank le diera un aval para cubrir los 5,2 millones que debe al Estado. Por otro lado, otras informaciones aseguran que el expresidente de la Generalitat y presidente del PDECat habría iniciado una colecta entre los miembros de su partido y las personas afines al independentismo para recaudar el dinero.
Lo que también ha trascendido es que Artur Mas no dispone de garantías suficientes para que el banco le facilite una línea de financiación, y las mismas fuentes afirman que Mas sólo cuenta oficialmente con un piso en una calle céntrica de Barcelona, un inmueble el valor del cual no es suficiente para llegar a la cantidad requerida.
El Tribunal de Cuentas puso como fecha tope el 20 de octubre para que el expresidente Mas hiciera efectiva una fianza de 5.251.948 euros por el uso de fondos públicos en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, y que de no hacerla efectiva procedería al embargo de sus bienes.
Además de la cantidad impuesta a Mas que respondería de todos los gastos, el Tribunal de Cuentas desglosó las fianzas entre Irene Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles (3.044.399,09 euros), seguida por Francesc Homs (2.127.580,09 euros) y Joana Ortega (839.439,75 euros).
