El uso de la fuerza policial para impedir la celebración del referéndum del 1-O, impulsado por el gobierno de la Generalitat pese a de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, no afectó «en absoluto la normal convivencia ciudadana«, según sostiene la Fiscalía en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que recibió la denuncia de la Generalitat por las cargas del pasado domingo.
El respeto a la convivencia ciudadana era un límite establecido por Mercedes Armas, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuanto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad el 1-O, que tenía por único objetivo, según sostiene el gobierno español, llevarse el material de la votación.
En el mismo escrito que avala la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la Fiscalía reprocha al gobierno catalán la convocatoria «de forma irresponsable» de ciudadanos que, según describe, se reunieron de manera «voluntaria, concentrada y coordinada» para impedir en los agentes cumplir su deber, de manera «tumultuaria». Este último adjetivo figura en la descripción del tipo penal de la sedición en el código penal español, el mismo delito que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se cometió presuntamente durante las concentraciones organizadas los días 20 y 21 de septiembre contra los registros en dependencias de la Generalitat.
En aquel caso se señaló como responsables a la ANC y a Òmnium Cultural. Ahora, la Fiscalía atribuye al gobierno catalán la intención de generar una confusión «interesada» y se manifiesta contraria a la apertura de una investigación general sobre la actuación policial contra el 1-O. Considera, de hecho, que los agentes actuaron en legítima defensa ante individuos «no identificados» que, según relata, actuaron «violentamente». También rechaza por «general, indiscriminada e inconcreta» las acusaciones del gobierno catalán. Tan solo indica que hay que indagar sobre la intervención policial efectuada en la escuela de los Jesuitas de Sant Gervasi (Barcelona), si bien dice que cada caso concreto tiene que ser aclarado.
El cálculo de la Fiscalía es que si votaron 2.262.424 personas -como sostiene la Generalitat- y 844 resultaron heridas, un 0,037% sufrieron la «presunta violencia policial», y agrega que el único herido grave representa «un 0,000042% de individuos afectados por la presunta violencia grave policial».
