El tratamiento y la cesión de datos que consten en el censo que pretende emplear el gobierno de la Generalitat de Cataluña el próximo 1 de octubre puede dar lugar a multas de 40.000 a 300.000 euros, ha avisado este viernes la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
En respuesta a consultas de los ciudadanos, la AEPD ha lanzado esta advertencia a aquellos que integren las meses electorales del referéndum, cuya convocatoria suspendió del Tribunal Constitucional (TC). Considera que estas personas pueden incurrir en una infracción de la normativa porque el TC ha determinado en mayo que la Generalitat, en cuyo nombre actuarían, no tiene competencias para convocar consultas referendarias.
El comunicado de Protección de Datos destaca que las mesas electorales no se han llegado a formar de manera válida ya que su formación ha sido revocada o se han formado irregularmente sin supervisión de una sindicatura electoral, disuelta a raíz de la renuncia de todos sus miembros.