El TSJC ordena impedir el uso de locales públicos para preparar el 1-O

La magistrada del alto tribunal asume las diligencias que llevaba la fiscalía
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» para impedir la votación del 1-O, puesto que una magistrada del alto tribunal catalán ha asumido la investigación.

El TSJC ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum, y obliga a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

La magistrada del alto tribunal catalán, Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el gobierno catalán ha notificado a la Fiscalía que tiene que cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud del artículo 773.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que prevé esta medida cuando haya un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió al TSJC que apartara «de manera inmediata» a la Fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O. Puigdemont argumentaba que lo había asumido de manera «ilegítima» al existir una causa abierta en el TSJC.

La magistrada ha hecho efectiva hoy esta medida, y en el acta, la magistrada ha ordenado también requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda encontrarse en el interior de estos locales públicos.

Armas dice haber tomado estas medidas a partir de la «clara inobservancia» por parte del Gobierno catalán de las decisiones del Tribunal Constitucional y de las órdenes que dio de cerrar webs de dicho Gobierno, órdenes que han sido «burladas» mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta se celebrará.

Por todo ello, la magistrada del TSJC ha ordenado a todos los cuerpos de seguridad que impidan que los locales de titularidad pública o en los cuales se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta. Y en concreto, se ordena que el 1 de octubre «se impedirá su apertura, procediendo, si se tercia, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a abrir».

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