En noviembre del año pasado el alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, y la regidora de Servicios Sociales, Anna Vives, presentaron una querella criminal contra EL TRIANGLE y un colaborador del diario digital de esta revista catalana por un presunto delito de calumnias al considerar que algunas informaciones publicadas no se ajustaban a la realidad y, a la vez, atentaban contra el honor y la intimidad personal de ambos políticos del PDECat, antigua Convergencia.
En la demanda judicial, los querellantes presentaron como prueba de la supuesta autoría de los artículos un correo electrónico donde consta la identidad de un periodista que intentó confirmar unas informaciones solicitadas por EL TRIANGLE, dirigido al Instituto Catalán de la Salud (ICS), a través del gabinete de prensa de este organismo dependiente de la consejería de Sanidad que encabeza Toni Comin.
Albert Batalla y Anna Vives aportaron al juzgado como prueba para pedir la imputación del supuesto autor de estas informaciones una copia del mail enviado al gabinete de prensa del ICS, que «misteriosamente» llegó a manos de los dos políticos con la expresa identificación de la cuenta del correo electrónico desde donde se había hecho esta consulta periodística.
El abogado defensor de este periodista ha pedido, tanto al alcalde como a la regidora, que justifiquen ante la justicia el origen del correo electrónico enviado al gabinete de prensa del ICS y de qué manera este mail llegó a sus manos. El presunto reenvio hecho por el departamento de prensa del ICS a los dos máximos responsables del ayuntamiento de la Seu d’Urgell podría ser constitutivo de los delitos previstos en los artículos 417 y 418 del Código Penal, además de una clara vulneración del derecho de defensa y del derecho a la intimidad personal, así como del secreto de las comunicaciones.
Todo ello es un inaceptable atentado contra la libertad de expresión y de prensa de la cual el alcalde y diputado en el Parlament de Catalunya, Albert Batalla, hace bandera últimamente en sus intervenciones públicas, a pesar de que no tiene ningún inconveniente en escudarse en la Constitución española a la hora de defender y justificar, supuestamente, la vulneración de sus derechos como funcionario público, sin admitir ninguna crítica a su gestión política.
¿Cómo llegó este mail privado, desde el ICS al ayuntamiento de la Seu d’Urgell? ¿Cómo osan el alcalde Albert Batalla y la regidora Anna Vives querellarse contra un medio de comunicación y un periodista con un documento al cual, legalmente, nunca podrían haber accedido? ¿Con qué base jurídica pueden difundir un mail privado de un profesional que, de ninguna forma, tenían derecho a tener ni, mucho menos, a exhibir?
El ayuntamiento de la Seu d’Urgell ya tiene su ‘Watergate’, el escándalo de interferencias en las comunicaciones privadas que acabó con la destitución del presidente norteamericano Richard Nixon. En el escrito presentado al juez instructor de la querella criminal, Ignacio Risueño, el abogado defensor pide que se investigue esta grave irregularidad, presuntamente constitutiva de delito, que afecta tanto al consejero Toni Comin como al alcalde Albert Batalla y a su mano derecha, Anna Vives.
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