Las concentraciones que tuvieron lugar en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre a raíz de los registros efectuados en dependencias de la Generalitat de Cataluña darán lugar a una investigación de la Audiencia Nacional para determinar si se produjo un delito de sedición. En el auto con que la magistrada Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía, conocido este miércoles, se hace constar que la finalidad de aquellas concentraciones era «romper la organización territorial del Estado».
Lamela ha pedido a la Guardia Civil un atestado sobre unos hechos que para la Fiscalía eran resultado de un «concierto de voluntades» entre personas o entidades públicas o privadas a los que atribuye «el impulso de movilizaciones o movimientos populares» con el objetivo de «imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación». El delito de sedición, que en el código penal español es descrito como un alzamiento tumultuario colectivo para impedir por la fuerza o ilegalmente la aplicación de la ley, puede comportar penas para los considerados principales autores de 8 a 10 años de prisión, y de 10 a 15 años en el caso de las autoridades públicas. Para el resto, prevé penas de 4 a 8 años.
El escrito con que el fiscal instaba a la Audiencia Nacional a investigar los hechos señalaba directamente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y contenía declaraciones de su presidente, Jordi Sànchez, así como de su homólogo de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, que exhortaban a los manifestantes a seguir movilizados. La vandalización de coches de la Guardia Civil o la obstaculización de la comisión judicial son algunos de los hechos que el Ministerio Público hizo constar.
