Los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña han renunciado, a petición del Gobierno catalán, a sus cargos para «ceder el testigo de observación del Referéndum a otros entes públicos y académicos«, que se comunicarán en los próximos días. El ejecutivo catalán entiende que esta es la «mejor manera» de asegurar el objetivo final con las máximas garantías.
La Generalitat considera que la decisión de la Sindicatura Electoral de traspasar su tarea a otros entes públicos y académicos supone un «mantenimiento de las garantías» del referéndum porque «todos los procesos y medios que lo sostienen ya han estado debidamente supervisados y validados» por los trabajos de la misma Sindicatura. Así mismo, el gobierno catalán ha asegurado que sigue asumiendo todas las funciones como administración electoral, así como la coordinación con otras instituciones catalanas que serán seguidas por las dos misiones de observación internacional y las decenas de visitantes que ya han sido acreditados para garantizar el «normal funcionamiento» del referéndum del próximo 1 de octubre.
La Sindicatura ha formalizado la renuncia este viernes coincidiendo con la puesta en libertad de los seis detenidos restantes que han estado desde este miércoles en las dependencias de la Guardia Civil, situadas en la Travessera de Gràcia de Barcelona y en Sant Andreu de la Barca. Todos ellos, acusados de malversación, prevaricación y desobediencia, han quedado en libertad con cargos después de acogerse al derecho de no declarar. El magistrado también ha ordenado a los acusados que comparezcan cada semana ante el juzgado.
Traslado a toda prisa
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha vaciado este viernes al mediodía su sede nacional de material y documentación ante el «rumor» de un posible registro policial. Una veintena de coches particulares y taxistas han ayudado a trasladar el material para evitar una posible intervención. Jordi Sánchez presidente de la ANC ha declarado que «hemos salvado el material», a pesar de que ni la misma ANC ni la policía tenían constancia de un posible registro en la sede de la entidad.
