Los registros efectuados en el marco de la operación policial emprendida esta semana por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona contra los preparativos del referéndum del 1 de octubre tenían como uno de sus objetivos determinar si el gobierno de la Generalitat ha destinado al referéndum 6,2 millones de euros, como preveían partidas de los presupuestos aprobados por el Parlamento catalán, ha publicado El País.
El auto judicial, describe el mismo diario, ordena la búsqueda de documentación sobre la celebración del referéndum y la creación de estructuras de Estado y enfoca las actuaciones contra «los autores, colaboradores, participantes o encubridores» de los hechos que centran las indagaciones. El juez justifica la operación con «la gravedad de los hechos» y el relato del atestado.
La Fiscalía, también según El País, tiene en su punto de mira a empresas contratistas de la Generalitat consideradas afines al independentismo, de donde fuentes de la investigación señalan que provienen parte de los fondos del referéndum. El Ministerio Público dispone de indicios de que el gobierno catalán está financiando el 1-O con dinero de estas empresas «afines y económicamente agradecidas» y con préstamos de particulares. Una de las vías de investigación en ese sentido, añade la misma información, persigue supuestos préstamos y pagos que se habrían diferido en el tiempo mediante contratos hinchados para evitar el control del Gobierno español.
