La reacción del Gobierno catalán a los registros en dependencias de la Generalitat y las detenciones de varios altos cargos, ordenados por un juez de Barcelona contra los preparativos del referéndum, ha consistido en condenar duramente al Estado español y en anunciar que estudiará con agentes económicos y cívicos una respuesta. La comparecencia del presidente Carles Puigdemont se ha producido este miércoles a mediodía después de una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo y antes de un encuentro con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.
La declaración institucional de Puigdemont ha denunciado «una agresión coordinada» de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior contra el referéndum del 1 de octubre y «para suspender la actividad del gobierno» de la Generalitat. El presidente, asimismo, ha sostenido que se trata de una «agresión sin amparo legal» que vulnera el Estado de derecho, las garantías constitucionales y disposiciones de la Unión Europea.
La actuación del Estado español, según el Ejecutivo catalán, comporta la suspensión de facto del autogobierno de Cataluña y aplica de facto «un Estado de excepción» en el que las libertades, ha expuesto Puigdemont, han sido suspendidas y reprimidas.
«Consideramos que el Gobierno español ha sobrepasado la línea roja que lo separaba de regímenes autoritarios y represivos» y «se ha convertido en una vergüenza democrática», ha declarado. «Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado«, que considera que ha recuperado el «rostro intolerable» que lo marcó en el pasado.
Además, Puigdemont ha expuesto una lista de agravios, entre ellos «intimidación a medios», «cierre de páginas web» y un intento de bloqueo de las cuentas de la Generalitat «sin orden judicial», así como una amenaza a los alcaldes y «al conjunto de la ciudadanía» que quiere votar el 1-O.
Al margen de la crítica y la condena, el presidente catalán ha reiterado que «estamos convocados el 1 de octubre»: «No nos echaremos atrás porque no tenemos derecho a ello».
