Mientras el gobierno de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra hacen piña en el contexto surgido de los atentados de Barcelona y Cambrils, paradójicamente se ha conocido que la policía catalana ha dejado involuntariamente en evidencia al ejecutivo de Carles Puigdemont en un asunto muy diferente: la regularización de la montaña de escombros salinos de la mina de Sallent (Bages), propiedad de Iberpotash.
Ahora llamada ICL Iberia Súria & Sallent, esta filial de la multinacional Israel Chemicals Ltd. (ICL) convenció al Parlament de Cataluña y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la necesidad de una moratoria, a la cual supeditaba futuras inversiones, para seguir vertiendo en el depósito del Cogulló más allá del 30 de junio. Aducía que tenía que superar dificultades técnicas antes de dejar Sallent y centralizar su producción en Súria.
Al final, aquella fecha límite dejó, por decisión judicial, a una moratoria prorrogable que estará vigente al menos hasta el 2018. Este 22 de agosto, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado un acuerdo del 30 de mayo firmado por la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mercè Rius, que enciende la última luz verde que esperaba Iberpotash a favor de su depósito de escombros más grande. El acuerdo tiene su antecedente en la sentencia de un contencioso ganado por la Asociación de Vecinos de la Rampinya, que anuló por falta de evaluación de impacto ambiental y de encaje con el derecho urbanístico la autorización ambiental que había concedido la Generalitat en 2008.
El nuevo estudio describe «los impactos generados y previstos» del depósito, así como medidas correctoras y preventivas aplicadas desde 1988. Admite que el «impacto ambiental global» del depósito es «severo» y que la salinidad de las aguas subterráneas supera «de forma significativa (…) los objetivos de calidad«, pero resuelve a favor de Iberpotash bajo la condición de que incremente las medidas para «reducir la entrada de agua salada en el sistema y aumentar la extracción de agua salada ya existente en el medio, así como complementar las medidas de seguimiento y control».
El INFORME DE LOS MOSSOS
Esta regularización de 29 años coincide con el envío por parte de los Mossos d’Esquadra de un informe solicitado por el juzgado 5 de Manresa, que imputó por delito medioambiental a directivos de Iberpotash.
A pesar de reconocer esfuerzos para mitigar el impacto de la actividad minera, los Mossos concluyen que «todavía se mantiene la incidencia ambiental que las instalaciones de la empresa de producción de potasas tiene sobre los recursos naturales y el medio ambiente del entorno de Sallent y Santpedor«. Sobre el torrente Soldevila, donde han detectado niveles salinos «particularmente significativos», por ejemplo, destacan que el cauce es «prácticamente baldío o estéril» a lo largo de 2.000 metros y presenta «un grado de concentración de sal muy elevado, superior al que podríamos encontrar en el agua marina». De hecho, la alta salinidad de las aguas naturales cercanas a la actividad de Iberpotash en Sallent «limita claramente los usos que se puedan hacer de las aguas superficiales y subterráneas, con alteración también del equilibrio ecológico de la zona, de su vegetación y paisaje», añaden los expertos medioambientales de los Mossos.
«La medida óptima para la eliminación de los impactos producidos por la presencia de los escombros salinos es su desaparición«, recuerdan citando un informe de medidas correctoras, «a la vista de la situación ambiental actual».
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