El ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado un plazo de 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos sea destinado al referéndum del 1 de octubre.
Si Puigdemont no hace efectivo este requerimiento, el Estado asumirá todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat desde el momento en que la orden salga publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Un acuerdo de no disponibilidad implica que las partidas afectadas no se pueden gastar, con lo cual, el gobierno central quiere que la Generalitat apruebe este acuerdo sobre «todas las partidas no vinculadas a servicios públicos», según ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Montoro ha afirmado que «aclaro que los servicios esenciales son sanidad, educación, servicios sociales y nóminas», y ha añadido que «si la Generalitat no adopta este acuerdo de no disponibilidad, el ministro lo tiene que adoptar en su sustitución», lo que supondrá que no se pagarán las facturas de estos capítulos que presente el ejecutivo catalán.
Así, el Ministerio de Hacienda pagará directamente a partir de ahora los servicios básicos y las nóminas con cargo a los 1.400 millones al mes de financiación autonómica que suelen entregarse a la Generalitat.
Ahora este dinero se dejará de dar a la Generalitat y el resto de pagos quedarán congelados. De hecho, el ejecutivo catalán sólo podrá gastar con una autorización explícita del Estado.
La Generalitat únicamente contará con sus ingresos de tributos propios, unos 250 millones al mes.
Por otra parte, el Estado también ha ordenado que las oficinas de las entidades de crédito «eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero».
Las medidas aprobadas este viernes por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos añaden que «de esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, comunicarán al Ministerio Fiscal».
Finalmente, en referencia a las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros, se dice que «a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con este proceso ilegal».
