La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comunicado este jueves que «esperará el auto del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso del gobierno contra la Ley del Referéndum» para decidir si cede, o no, los locales de titularidad municipal para la celebración del referéndum del 1 de octubre.
De este modo, Colau evita dar una respuesta inmediata al requerimiento de la Generalitat, en el que se pide a los consistorios que pongan a disposición de la Generalitat los locales de titularidad municipal, y se asegura de no poner en riesgo a los trabajadores municipales.
Fuentes municipales consultadas por Efe han explicado que una vez el Ayuntamiento disponga del auto del TC, el gobierno de Ada Colau pedirá dictamen al secretario municipal y a los servicios jurídicos para poder dar una respuesta a la petición que hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, a todos los ayuntamientos catalanes.
La alcaldesa de Barcelona ha decidido escudarse en el Tribunal Constitucional y esperar el auto del órgano judicial para habilitar colegios electorales en la capital catalana, a pesar de que previsiblemente el Constitucional se acabará pronunciando en contra de la ley del Referéndum y tendrá que estudiar un nuevo posicionamiento.
En estos momentos hay 600 alcaldes que ya han firmado durante este jueves los decretos de apoyo al referéndum, pero hay otras localidades que ya se han mostrado contrarias a ceder locales para el 1-O.
Es el caso de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y miembro de la ejecutiva del PSOE, Núria Parlón, que ya ha informado que no cederá los locales municipales para el referéndum. En una carta enviada al presidente de la Generalitat, Parlón afirma que los requerimientos del Gobierno catalán «restan sin fundamento y objeto» porque el Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley del Referéndum.
Así mismo, la alcaldesa de l’Hospitalet (Barcelona), Núria Marín, y el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, también han enviado una carta al gobierno catalán para comunicar que no cederán espacios municipales para el referéndum.
