La Generalitat de Cataluña, durante la presidencia de Artur Mas, creó una red para arreglar contratos públicos de manera fraudulenta, según publica El Español.
La red habría llegado a pastelear hasta 500 millones de euros entre el 2011 y el 2015.
Parte de estos contratos habrían sido manipulados después de la intervención directa de altos cargos y miembros del ejecutivo de Mas, como sería el caso del ex consejero de Justicia, Germà Gordó, o el tesorero de Convergencia Democratica, Andreu Viloca.
Estos contratos habrían sido repartidos entre empresas cercanas a los convergentes, y después habrían financiado a Convergencia con importantes cantidades de dinero.
De la documentación publicada, se extrae que después de la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, este y sus altos cargos crearon un sistema opaco que burlaba todos los controles de la Administración.
Con esta red se adjudicaron a dedo obras millonarias en un momento de crisis en que la Administración estaba muy cerca de la quiebra, mientras que Mas y sus subordinados llenaban las arcas de su partido y los bolsillos de algunos colaboradores.
También se desprende de la información publicada que se utilizaron empresas públicas de la Generalitat como una auténtica oficina de colocación para militantes de Convergencia.
Al saltar el escándalo del 3%, los altos cargos intentaron acallar las voces críticas ocultando informes internos que ahora salen a la luz pública.
