Una furgoneta de los Mossos d’Esquadra aparca en la acera. Tres agentes uniformados salen disparados y suben las escaleras de un piso. No están buscando un traficante, ni un terrorista… están haciendo una intervención para retirar la custodia de un niño a sus padres. Este es el pan de cada día de muchas familias en Cataluña, que por desgracia, entran en el radar de la DGAIA.
«En mi caso fueron tres furgonetas, como si fuera una terrorista. Me quitaron a mi hijo por un periodo inicial de un mes y ya hace más de un año que está en un centro». Quién habla así es Rosa Gómez, de 43 años, madre de un niño de 6 años, acusada sin pruebas de secuestrar a su propio hijo y portavoz de Marea Turquesa en Cataluña, una plataforma que agrupa diferentes asociaciones de padres y madres afectados por la arbitrariedad y mal trato institucional de parte de las administraciones que, en principio, tienen que proteger a los menores.
La dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) tiene un registro con 14.000 expedientes abiertos, de los cuales la mitad son considerados «niños en riesgo«, es decir, expedientes que implican la retirada de custodia a los padres y medidas de acogida en un centro. «Es en este punto que empieza el gran negocio de las fundaciones que trabajan para la DGAIA», explica Rosa.
«Para cada niño que sacan hay una.cantidad de dinero detrás, en forma de subvenciones a las fundaciones que tutelan los centros, pagos a familias acogedoras… Ahora con el tema de las separaciones conflictivas han encontrado un filón. Un caso recurrente es el de parejas que se separan, la madre se queda con los hijos, pero el padre, a pesar de tener denuncias por maltrato, consigue cambiar la custodia. Estos niños entran en el radar de los Equipos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA) y muchos son enviados a centros. Es un ciclo perverso«.
DEGOTEO CONSTANTE DE CASOS
Rosa nos presenta a Babi, un exponente de este tipo de casos: el tribunal le ha retirado la hija y ha dado la custodia cautelar a su expareja, un maltratador. «Yo denuncié a mi pareja por maltratos. Pero a través del EAIA, falsificando informes y pruebas, mi ex consiguió que me acusaran a mí y me han retirado la custodia», clama Babi. Dramas como este son un degoteo constante: «Tenemos casos contrastados y en proceso judicial, de padres o madres que han pagado a psicólogos y abogados de la parte contraria para obtener informes favorables y poder tener la custodia, a pesar de ser acusados de abusadores o maltratadores», comenta Rosa Gómez.
El brutal caso de maltrato de la niña Alba, en 2006, marcó un antes y un después en la política de la DGAIA. Desde entonces los protocolos de actuación se han multiplicado, y siempre por exceso. «Ante cualquier indicio optan para poner a los menores en un centro, iniciando un proceso de desvinculación de la familia«, afirma Rosa.
«Si un niño quiere ver a su madre, lo tiene que pedir él y tiene que luchar contra personas que le dicen, constantemente, que su madre es mala, que lo ha abandonado y que no ha cumplido sus funciones… cosa que es mentira». Este proceso de desvinculación, entre otras cosas, favorece a que muchos menores acaben siendo adoptados por sus familias de acogida «sin tener en cuenta la familia extensa, como abuelos o tíos. Son adopciones encubiertas e ilegales», denuncia.
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