Cumbre entre el PSC y el PSOE para plantar cara al referéndum

Los socialistas contemplan la creación de una comisión mixta Congreso-Senado
Iceta - Sánchez
Iceta - Sánchez

Este viernes se reúnen las ejecutivas del PSC y del PSOE en Barcelona para concretar las propuestas, y el calendario para llevarlas a cabo, para buscar una alternativa al referéndum independentista del 1 de octubre.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, avanzaba que hay que actuar «cuanto antes» mejor, añadiendo que hay que «trabajar de forma inmediata y hacerlo con el PSC para promover las iniciativas» que desbloqueen la actual situación.

Los socialistas pretenden abrir un marco de trabajo que estudie la reforma constitucional que dé respuesta a las necesidades actuales de Cataluña y su ensambladura en España, y quieren que estos trabajos empiecen antes del 1 de octubre.

El PSOE está convencido que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha llegado tarde para dar respuesta a la actual situación de enfrentamiento institucional entre el Estado y la Generalitat, y que ya estamos en tiempo de descuento, por lo cual pretende crear una mesa de debate parlamentario para revisar la Carta Magna de manera urgente.

Por este motivo, los socialistas no descartan que incluso los trabajos de este grupo empiecen al mes de agosto con la Diputación Permanente del Congreso, órgano que sustituye al pleno en tiempo de vacaciones, y tampoco se descarta la creación de una comisión mixta Congreso-Senado.

Los socialistas, capitaneados por Pedro Sánchez defienden que la Constitución tiene que reconocer sin paliativos una España «plurinacional», a partir de los postulados defendidos por los socialistas catalanes, con Miquel Iceta al frente.

PSOE y PSC cerrarán este viernes, en Barcelona, el paquete de medidas a presentar para hacer frente a las pretensiones independentistas, y además de la reforma de la Constitución también trabajarán sobre las 46 exigencias que Carles Puigdemont planteó a Mariano Rajoy en abril de 2016 y la recuperación de los elementos del Estatuto anulados por el Tribunal Constitucional en 2010.

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