El diario ABC ha puesto en marcha una campaña informativa en la cual da toda una serie de detalles de cómo diferentes empresas pagaron al despacho que fundó el ministro Cristobal Montoro para intentar impulsar cambios de legislación.
El rotativo recordaba este miércoles que el titular del Ministerio de Hacienda fundó Montoro y Asociados en junio de 2006. Dos años después decidió volver a la primera línea de la política, de forma que traspasó sus acciones del despacho a su hermano Ricardo Montoro y cambiaron el nombre de la empresa a Equipo Económico.
Montoro siguió, pero, trabajando mano a mano con sus ex socis e incluso les abrió puertas y oportunidades de negocio. A lo largo de 2011, el actual ministro de Hacienda celebró varios encuentros con importantes empresarios, varios del Ibex-35, y banqueros internacionales a los cuales acudió acompañado de Ricardo Martínez Rico, presidente y máximo accionista de Equipo Económico, quién había sido su secretario de estado de Presupuestos durante el Gobierno de José María Aznar.
La polémica con las contrataciones de Equipo Económico llegó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en 2012. Cristóbal Montoro blandió un informe favorable a no retirar la prima a las energías renovables. Según reveló Libertad Digital, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, mostró un informe idéntico al del titular de Hacienda, pero con cabecera de Abengoa, multinacional de energías renovables que tenía como asesor a Equipo Económico.
Este jueves, el ABC pública que el contrato de las Cámaras de Comercio por el cual se querelló la Fiscalía Anticorrupción, que pretendía influir en un cambio legislativo, y que lo consiguió, no es una excepción en la actividad del despacho que fundó Cristóbal Montoro. De hecho, varias empresas multinacionales han recurrido a Equipo Económico para encargar informes con los cuales intentan impulsar cambios reguladores.
El diario afirma que el grupo constructor y de servicios Ferrovial encargó a Equipo Económico dos informes en los años 2012 y 2013 para intentar cambiar el modelo de contratación pública y avanzar los pagos a proveedores de los ayuntamientos españoles. El coste de estos informes fue de 270.000 euros más IVA.
