El silencio de las autoridades ha predominado como respuesta a las reiteradas peticiones de la entidad defensora de los derechos de los animales ADDA para que aseguren, mediante la obligación legal de instalar cámaras, la muerte menos cruel del ganado sacrificado en los mataderos.
Pero al margen de la carencia de reacción epistolar de los presidentes catalán y español, estos activistas han obtenido dos respuestas significativas. En 2014, Isabel García Tejerina, entonces secretaria general de Agricultura y Alimentación y actualmente ministra, dejó clara la postura de Madrid: «No creemos -decía- que instalar videovigilancia en todo el proceso de la matanza de los animales sirva para mejorar el trato que reciben en los mataderos». En cambio, manifestaba que el reglamento comunitario del 2009 sobre protección de los animales en el momento del sacrificio y un real decreto del 2014 contienen «varios elementos que sí que ayudan a asegurar un mejor trato«, como por ejemplo procedimientos de trabajo, controles regulares para verificar el aturdimiento de los animales y la formación certificada de los trabajadores de los mataderos. La actual ministra argumentaba que las cámaras «solo servirían para constatar el daño» y no para prevenirlo, como dice que pretenden hacer a través de la concienciación y la mejora formativa de los operadores.
En respuesta a un mail más reciente, el diputado de Unidos Podemos Jorge Luis Bail ha tanteado la disposición española a aplicar las medidas que promueve la asociación ADDA: aparte de interesarse por si se está para regular los mataderos, ha preguntado al gobierno si, como se había comprometido, controla los indicadores sobre el cumplimiento de normas de bienestar animal en colaboración con las comunidades autónomas.
Para ADDA es un buen punto de partida para que su propuesta haga mella, pero el camino hasta lograr una regulación como la que han aprobado Francia o Israel es todavía largo. El gobierno español, por cierto, todavía no ha respondido.
En enero, Francia sacó adelante una ley que obliga a los mataderos a instalar cámaras a partir del 2018 en zonas donde se manipulan ejemplares vivos. Es la culminación de un proceso que ha incluido una comisión de investigación, puesta en marcha con los vídeos de denuncia de la organización animalista L214 Éthique & Animaux, algunos de los cuales emitió en prime time el canal France 2, y que revelaban prácticas de violencia extrema como escuarteramientos de animales vivos y preñados.
CONTRA LOS PUNTOS CIEGOS
En cuanto a Cataluña, un veterinario de la Generalitat defiende que trabajan bajo mucha exigencia y que basta con su tarea en los mataderos, donde ve innecesarias las cámaras, que cree que dispararían el alarmismo. A pesar de considerar que están concienciados, sobre todo los dueños de los nuevos mataderos, aclara que los viejos, menos acostumbrados a estándares exigentes de trato al ganado, concentran las peores prácticas. No detecta, en todo caso, una situación alarmante.
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