Jordi Pujol Ferrusola seguirá ingresado en prisión por decisión del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que quiere evitar que el primogénito del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pueda ocultar sus bienes.
De la Mata rechaza, así, el recurso del hijo mayor del clan Pujol contra su ingreso a la prisión provisional decretado el pasado 25 de abril, en el cual alegaba que en cinco años no se ha probado que sus fondos procedentes de comisiones ilegales.
El juez ha tomado su decisión por el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas a la haber detectado operaciones para «hacer inaccesibles los bienes» o para «obstaculizar el acceso a evidencias».
De la Mata se opone a la libertad del Junior al haber constatado «en particular, durante el último año», que ha «continuado realizando todo tipo de actividades y consiguiendo acuerdos con socios, amigos y testaferros, para ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales, y para dificultar el acceso a las pruebas».
El juez dice que estas mismas circunstancias propiciaron que se le retirara el pasaporte y se le prohibiera salir de España, en 2016, unas medidas que «no se mostraron eficaces», porque desde entonces ha continuado realizando «todo tipo de actividades contables, bancarias, contractuales y societarias, reconversión de operaciones, contratos de préstamo y reconocimientos de deuda».
José de la Mata considera que el hijo del ex presidente Pujol ha seguido «consiguiendo acuerdos con socios, amigos y testaferros, para ocultar bienes», poniendo como ejemplo las operaciones con el empresario mexicano, Carlos Riva Palau, o con su socio argentino, Gustavo Shanahan.
De la Mata añade que cuando los padres y hermanos del Junior optaron para regularizar sus bienes acogiéndose a la amnistía fiscal, el primogénito del clan Pujol «optó para continuar huyendo y escondiendo, transfiriendo todo el dinero en México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente» 2,4 millones.
Otras maniobras de ocultación fueron la de la compraventa de un piso a su hija por 558.000 y la derivación de parte del patrimonio de sus sociedades a otra a nombre de su ex mujer, Mercè Gironès.
El juez dice que la investigación no se centra exclusivamente en el delito de blanqueo de capitales, puesto que también está investigado por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, «y cómo se va apuntando en reiteradas resoluciones, de organización criminal, sin perjuicio de ulterior calificación».
