La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone contra las cuerdas al Ayuntamiento de Sant Cugat, presidido por Mercè Conesa. En una resolución judicial firme, el alto tribunal ha desestimado los recursos presentados por el Ayuntamiento y la Generalitat y ha anulado la modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) que declaraba como zona de «especial protección» –y, por consiguiente, no urbanizable bajo ningún concepto- el espacio de la Torre Negra.
En su formulación inicial, el PGM establecía que el área de la Torre Negra, que está adyacente al casco urbano de Sant Cugat, era urbanizable y por eso la promotora Núñez y Navarro compró, en 1993, una parte de estos terrenos. Pero la manifiesta animadversión de Jordi Pujol contra Josep Lluís Núñez, en su afán por recuperar el control del FC Barcelona, enturbió esta operación inmobiliaria, que inicialmente preveía la construcción de unas 3.000 viviendas.
El Ayuntamiento de Sant Cugat, dominado por CDC (ahora PDECat), se ha opuesto de manera radical a la construcción de esta urbanización, alegando que la Torre Negra es un espacio de gran valor ambiental y paisajístico. Pero esto no es así exactamente, tal como han dictaminado las reiteradas sentencias que han dictado el TSJC y el Tribunal Supremo. En esta zona ya hay muchas viviendas construidas desde hace años, además de una escuela, un centro deportivo, un restaurante para banquetes, una hípica, una estación depuradora, una parte del complejo Creápolis de Esade…
La Torre Negra, que ocupa unas 162 hectáreas, no es un territorio uniforme. La zona más próxima al casco urbano está urbanizada y degradada y es aquí donde Núñez y Navarro tiene previsto desarrollar su proyecto, que sólo ocuparía el 17% de la finca, dejando sin tocar las masas forestales y el emblemático Pino de Can Xandri. Pero el Ayuntamiento de Sant Cugat ha convertido esta cuestión en un casus belli y ha intentado todas las maniobras jurídicas a su alcance para impedir esta urbanización.
Choca la rigidez del consistorio presidido por Mercè Conesa, que también es la presidenta de la Diputación de Barcelona, en el caso de la Torre Negra con la alegría a la hora de aprobar nuevas urbanizaciones en otros lugares del municipio. Desde que CDC gobierna el Ayuntamiento de la localidad, la población de Sant Cugat se ha triplicado y actualmente ya roza los 90.000 habitantes. Numerosas sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo han dado, de manera reiterada, la razón a Núñez y Navarro en este conflicto, pero el Ayuntamiento tiene una obsesión, que roza el ridículo, contra esta empresa promotora. Ahora, debe tragarse la declaración como zona «de especial protección» de la Torre Negra y debe pagar, junto con la Generalitat, las costas judiciales del proceso.
