El juez Josep Bosch, que instruye desde El Vendrell el caso del 3%, ha vuelto a pedir la imputación de Germà Gordó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no ha podido aportar la agenda oficial de este ex-consejero, como le había recomendado el TSJC, publica El Mundo. Según esta información, basada en la última exposición razonada remitida por el juez Bosch al TSJC, el motivo es que la Generalitat de Cataluña no se la quiso facilitar.
El juez del 3% pretende que el TSJC investigue si Gordó, ex-gerente de CDC y aforado porque es diputado de Junts pel Sí, cometió tráfico de influencias. El Mundo explica que la última exposición razonada de Bosch contiene indicios en este sentido aportados por las declaraciones de empresarios como Sergio Lerma y Josep Manel Bassols (Oproler) -que se referían a Gordó con los alias Gregorio y Gerardo-, así como por las declaraciones de dos testigos protegidos, también empresarios cercanos que, además, señalaron a Artur Mas. Las anotaciones en otras agendas, la «proximidad cronológica» entre donaciones y adjudicaciones, los alias y la falta de acreditación oficial de las reuniones son los indicios con posible efecto incriminatorio que esgrime Bosch, destaca el mismo diario.
El instructor del caso de 3% apunta que Germà Gordó podría haber maniobrado para favorecer el otorgamiento de contratos públicos a empresas donantes de las fundaciones de Convergència. Se refiere, concretamente, a «cuatro supuestos» en los que Gordó habría intervenido: obras de mantenimiento de edificios de escuelas (Consorcio de Educación de Barcelona), un proyecto del Puerto de Barcelona, el caso Pasquina y también obras por valor de 3,3 millones de euros de Infraestructuras de la Generalitat.
