La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vincula a Manuel Pimentel, ex-ministro de Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar, con el cobro de comisiones ilegales en una trama de corrupción internacional de Jordi Pujol Ferrusola. Se da la circunstancia que Manuel Pimentel es el padre del hijo de la diputada del PP Alícia Sánchez-Camacho, que fue el origen del caso Pujol con su comida en La Camarga con Victoria Álvarez, la ex-novia de Jordi Pujol Júnior.
En un informe datado del 5 de mayo y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la UDEF cita a Pimentel cómo una de las «personas físicas más visibles» que había detrás de la empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería SA, vinculada con una presunta trama de corrupción en África y América Latina que se aprovechaba de las subvenciones de sociedades semipúblicas como Cesce y Mercasa.
Pimentel aparece relacionado con Globaltec en «informes de inteligencia financiera» que, según la UDEF, alertan de comisiones provenientes de «presumibles actos de corrupción de todo el mundo» que beneficiarían a esta mercantil e Ibadesa Exportaciones y Servicios SA, controlada por Jordi Pujol Ferrusola. Según este informe, la sociedad Almuzara, en la que intervenía el ex-ministro, fue utilizada para el «reparto de comisiones».
La Policía considera que esta trama de corrupción se aprovechaba de los fondos de empresas semipúblicas, y recuerda que «Manuel Pimentel es una persona con evidentes vinculaciones con el partido político PP, habiendo sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales».
La UDEF también menciona en este informe a Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Según el documento, la empresa Ibadesa CAT, en la cual «habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola, Jordi Puig Godés, Ignacio Javier López del Hierro y José Joaquín Herrero Aleixandre», se utilizaba para conseguir la financiación de Cesce a los proyectos investigados. Según el informe, las operaciones se llevaron a cabo a través del consorcio Incatema-Mercasa, una sociedad que ya ha sido investigada anteriormente por la Audiencia Nacional en el marco de la operación Lezo.
