La protección del consumidor sigue siendo un tema pendiente en Cataluña. El engaño masivo de las hipotecas con IRPH (Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios) y de las hipotecas con cláusula suelo ha creado alarma social entre los miles de afectados. Un cierto alivio venía de Europa con la sentencia del 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que falló en contra de los bancos españoles y declaró las hipotecas con cláusula suelo como nulas. Pero todavía queda pendiente la resolución judicial sobre las hipotecas con IRPH, un índice calculado sobre la media de las hipotecas en el cual están incluidas también las hipotecas con cláusula suelo.
En todo este proceso de abuso contra el consumidor, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha jugado a la puta y la Ramoneta. El pasado día 9 de mayo hubo en el Parlamento de Cataluña una nueva sesión de trabajo sobre el escándalo de las hipotecas y el papel que desarrolla la ACC.
EN ESPERA DEL TRIBUNAL SUPREMO
«Como resultado de la actividad mediadora de la ACC, 124 reclamaciones han sido objeto de mediación y en 62 casos se consiguió una solución negociada y razonablemente satisfactoria para ambas partes», explica su directora, Montserrat Ribera, en declaraciones a EL TRIANGLE. Pero los datos sobre la mediación aportadas por Montserrat Ribera subrayan la inoperatividad de la ACC, puesto que difícilmente podrá intervenir caso por caso en los 600.000 afectados que se calcula que hay por el abuso de las hipotecas con IRPH.
«Hay que recordar que la cuestión del IRPH no ha sido sentenciada todavía por el Tribunal Supremo, cosa que sería deseable. Es importante que las sentencias en segunda instancia lleguen al Tribunal Supremo y se produzca así la unificación de doctrina. Todos estos aspectos son los que estamos analizando en las 124 denuncias a las cuales he hecho referencia anteriormente, para comprobar si la cláusula supera los controles de transparencia y publicidad engañosa, tanto en la documentación como en su comercialización», añade la directora de la ACC.
Las respuestas de Montserrat Ribera confirman la tibia actuación de la agencia contra el abuso bancario, siempre a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo del Estado español. En este sentido, incumple los estatutos de la institución que dirige, puesto que la ACC tiene competencias para iniciar acciones legales y sancionar a las empresas que abusan de los consumidores. En la ley 9/2004 de 24 de diciembre, de creación de este organismo, se estipula que «para garantizar los derechos inherentes a toda persona como consumidora de bienes y productos y como usuaria de servicios, la Agencia Catalana de Consumo tiene que ejercer las funciones de prevención -mediante el análisis de los productos y servicios-, el control de la disciplina del mercado -mediante la inspección y, si procede, la sanción administrativa- y la propuesta de desarrollo normativo sobre todos los aspectos que favorezcan estos objetivos».
Y en el artículo 3, letra n) se dice que uno de los objetivos de la ACC es «impulsar la protección legal efectiva de los consumidores y usuarios, iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren a asuntos que merezcan especial atención por razón de la trascendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que generan.»
Tiene que haber pocos asuntos como el de los abusos hipotecarios que han afectado a tantos catalanes y que tanta alarma social han creado durante la última década. En cambio, la ACC no ha sancionado, ni ha iniciado acciones legales colectivas contra ningún banco, solamente ha habido una tibia mediación en un centenar de casos. Tampoco ha actuado imponiendo multas contra la publicidad engañosa en la comercialización de las hipotecas con IRPH de las entidades bancarias.
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