El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tendrá que volver a decidir si incluye en la lista de investigados del caso del 3% al ex consejero de Justicia catalán y actual diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó.
El magistrado que conduce desde el Vendrell (Tarragona) las investigaciones sobre este asunto de corrupción de Convergencia Democrática ha vuelto a solicitar al TSJC que impute a Gordó, que fue gerente del partido.
El TSJC, a quien corresponde investigar a un aforado como Gordó, había rechazado anteriormente la misma petición para considerar que no había indicios claros de su relación con la presunta trama de pago de comisiones a CDC.
La Fiscalía Anticorrupción, pero, lo sitúa como el «conseguidor» o «recaudador». De hecho, los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no encontraban una «explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones» que el ex consejero mantuvo con empresarios, algunas en la sede de CDC o en el Palau de la Generalitat.
La Fiscalía argumenta que «Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública».
La Fiscalía, a partir de los informes de la Guardia Civil, dice que Gordó pudo actuar «decisivamente» en las obras del Consorcio de Educación, los trabajos en un dique al Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de las Glorias de la capital catalana y en un instituto en Manresa.
En el caso del 3% están siendo investigados, además de varios empresarios, los ex tesoreros de Convergencia Democrática, Daniel Osàcar, quien también está investigado en el caso Palau, y Andreu Viloca.
