El fiscal ha decidido pedir una sustancial rebaja en la pena inicialmente solicitada para los principales acusados del expolio del Palau de la Música y, en cambio, ha elevado su petición respecto a Daniel Osàcar, el ex-tesorero de CDC. Además, el abogado del Consorcio del Palau ha seguido las directrices y no ha acusado a Convergència, pese a que a la misma hora el Parlamento catalán votaba en sentido contrario.
Así, la Fiscalía ha pedido para Fèlix Millet 14 años y 9 meses de cárcel, cuando al inicio de la vista oral la petición era de 27 años y medio. Además, Millet podría tener que satisfacer una multa de 22 millones de euros. Jordi Montull, por su parte, también ha visto rebajada la petición de 27 años y medio de cárcel a 10 años y 10 meses, y afronta la misma multa que Millet. Gemma Montull, por su parte, recibe la rebaja más sustancial: de los 25 años y tres meses pasaría a 2 años y 12 meses más sustituidos por el pago de una multa. Con esa pena, si la confirmara el tribunal, Gemma Montull evitaría ingresar en prisión.
La Fiscalía ha considerado que los tres han confesado durante sus declaraciones en el juicio y que han mitigado los daños causados al Palau de la Música poniendo su patrimonio a disposición.
No tan magnánimo se ha mostrado el fiscal Emilio Sánchez Ulled con Daniel Osàcar. Este ex-tesorero de CDC ha visto aumentar la petición de pena de 7 años y medio de cárcel a 8 años, y se enfrenta a una posible multa de 20 millones de euros. Del mismo modo, el Ministerio Público también ha pedido más pena para los responsables de Ferrovial, la empresa constructora que habría usado el Palau para desviar dinero a CDC. De los 4 años y medio iniciales se ha pasado a 5 años.
Las demás acusaciones han ratificado sus escritos de acusación iniciales. El abogado del Consorcio, funcionario de la Generalitat, ha mantenido la decisión adoptada por la junta de este organismo el pasado viernes, cuando los representantes de la Generalitat hicieron valer sus votos ante los del Ayuntamiento, en ausencia de los del Ministerio de Cultura. Este letrado no podía cambiar su decisión aunque el Parlamento ha votado en sentido contrario, puesto que corresponde al Consorcio adoptar una postura. La decisión que tomó fue no acusar a CDC. El dinero, por cierto, iría a parar al Estado y el Consorcio no sería compensado por el expolio.
