El pleno del Congreso de los Diputados aprobará, con toda probabilidad, este martes pedir al Gobierno central la exhumación de los restos del general Franco de Valle de los Caídos. La petición sale de una proposición no de ley que ha presentado el PSOE, pero que de aprobarse no es de obligado cumplimiento ni tampoco es ejecutiva.
La iniciativa, pero, tiene una carga simbólica importante, así como valor político, puesto que se tratará de la primera vez que el Congreso aprueba un texto en este sentido. Se da la circunstancia que el pasado mes de marzo, también en la cámara baja, a pesar de que en la Comisión Constitucional, se aprobó un texto igual al que se debatirá este martes en el pleno del Congreso.
En la votación de la comisión, sólo el PP se opuso al hecho de que el cadáver del dictador Francisco Franco fuera retirado de Valle de los Caídos donde está enterrado desde su muerte el 1975.
La proposición de ley del PSOE pide al Gobierno «proceder a resignificar la función de Valle de los Caídos para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».
El texto también pide al ejecutivo, «en particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera de Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación, si se tercia, en un lugar no preeminente del edificio».
La propuesta del PSOE ha cogido como referencia un informe del Ministerio de la Presidencia del 29 de noviembre de 2011, elaborado a instancia del Gobierno del socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
El texto pide que se recuperen las partidas presupuestarias, retiradas por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, para «impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura, aplicando de forma llena y no arbitraria la ley, y evitando así toda exaltación de la revuelta militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento que los símbolos y monumentos públicos tienen que ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».
También dice la propuesta socialista que hay que «promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas» y «estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana».
